El Tribunal Constitucional de Perú ordena la libertad inmediata de Alberto Fujimori
YOSPER, LIMA.- El Tribunal Constitucional de Perú emitió una orden el día martes para la liberación del ex presidente Alberto Fujimori, quien gobernó el país de 1990 a 2000. Esta decisión se tomó a pesar de la orden contraria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el año pasado.
El auto del Tribunal Constitucional establece de manera categórica que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo, donde Fujimori estaba recluido, deben proceder de inmediato a su liberación. La resolución fue firmada por tres de los actuales seis miembros del Tribunal Constitucional, contando con el voto decisivo del presidente de dicho organismo, Francisco Morales. Esta decisión declaró fundado el recurso de reposición en relación a la ejecución directa e inmediata de la sentencia emitida el 12 de marzo pasado en el presente proceso.
Previo a esta decisión, un tribunal en la región sureña de Ica había declarado improcedente una resolución inicial del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori, devolviendo así el caso al Tribunal Constitucional. Francisco Morales, presidente del tribunal, había enfatizado que las autoridades debían proceder con la excarcelación inmediata de Fujimori, contradiciendo las dos resoluciones emitidas por la CorteIDH.
El Tribunal Constitucional también hizo un llamado al juez de Ica, expresando su preocupación y exhortándolo a ejercer mayor diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus funciones al ejecutar las sentencias favorables de habeas corpus.
Es importante destacar que el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, después de que la CorteIDH solicitara al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, delitos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
La semana pasada, antes de la decisión del juez de Ica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación sobre la posibilidad de que la resolución del Tribunal Constitucional llevara a la excarcelación de Fujimori. La CIDH recordó que el 7 de abril de 2022 había establecido las razones por las cuales el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto "por razones humanitarias" de acuerdo a los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Por su parte, la CorteIDH solicitó al Gobierno peruano un informe sobre el cumplimiento de lo ordenado en su resolución del año pasado. En respuesta, el Tribunal Constitucional alegó la falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de cumplimiento de sentencias y propuso que cualquier incumplimiento se someta a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los casos en que un Estado no cumpla con sus fallos.
En resumen, el Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado la liberación de Alberto Fujimori a pesar de las decisiones previas de la CorteIDH y del Poder Judicial en relación a su condena por violaciones a los derechos humanos. Esta decisión ha generado un debate en torno a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su capacidad para influir en decisiones judiciales nacionales.