En San Francisco de Macorís, una madre entregó a su hijo de 13 años a las autoridades tras ser acusado de sustraer una pasola de un centro de diversión local. La mujer tomó la difícil decisión de llevar al menor al cuartel policial después de que agentes de la Policía Nacional se presentaran en su domicilio buscando al adolescente, demostrando así su disposición a colaborar con la justicia.
La progenitora, visiblemente afectada, relató que prefirió presentarlo ante las autoridades para evitar un conflicto mayor y demostrar su compromiso con la legalidad. «Estoy dispuesta a pagar los daños, pero no quiero que lo dejen preso», declaró entre lágrimas, mostrando su preocupación por el futuro de su hijo y su intención de resolver el problema de manera responsable.
El caso ha generado reacciones en la comunidad, donde muchos destacan el valor de la madre al actuar de forma responsable a pesar de la difícil situación. Según su testimonio, el joven asegura haber obtenido la pasola de un hombre con problemas de adicción, argumento que las autoridades están investigando para esclarecer la veracidad de los hechos.
Los agentes de la Policía Nacional han iniciado un proceso de investigación para determinar el origen del vehículo y la posible implicación de terceros. En estos momentos, el menor se encuentra bajo custodia policial, pero no ha sido formalmente acusado mientras se realiza el levantamiento de pruebas que permitan aclarar el incidente.
Este caso pone en evidencia la necesidad de abordar de manera integral la problemática de la delincuencia juvenil y de establecer mecanismos de apoyo tanto para las familias como para los menores involucrados en actividades delictivas. La madre, quien ha pedido a las autoridades tratar el caso con sensibilidad, indicó que está dispuesta a asumir las responsabilidades que correspondan, siempre y cuando se garantice el bienestar de su hijo y se consideren alternativas que eviten su encarcelamiento.
El suceso también ha generado un debate sobre la creciente participación de menores en hechos delictivos en la región y la falta de oportunidades y programas de reintegración que les permitan un desarrollo adecuado fuera del entorno delictivo. Las autoridades locales han indicado que este caso será tratado con especial cuidado debido a la edad del involucrado, priorizando su protección y bienestar, tal como establece la legislación vigente.
Por el momento, se espera que el Ministerio Público evalúe las circunstancias y defina las medidas a seguir, mientras la madre del adolescente permanece atenta a los resultados de la investigación. El caso ha reavivado la discusión sobre la responsabilidad parental y el papel del Estado en la prevención de la delincuencia juvenil en comunidades vulnerables.
