Yosper, Valverde, Cruce de Guayacanes: Este domingo se ha mantenido el flujo considerable de ciudadanos haitianos optando por retornar a su país de origen de manera voluntaria. Este fenómeno es una respuesta directa a las recientes medidas adoptadas por el gobierno dominicano, las cuales están vinculadas a la construcción de un canal de riego en el río Masacre, situado en la frontera haitiana.
En la terminal del Expreso Liniero, ubicada en la carretera Duarte, en el Cruce de Guayacanes, provincia Valverde, se observaron múltiples haitianos con equipaje, preparándose para abordar los vehículos que los llevarían hacia Dajabón para posteriormente cruzar hacia Juana Méndez, Haití.
Un ciudadano haitiano entrevistado por Diario Libre compartió sus motivos para abandonar la República Dominicana: “Me dirijo a Haití debido a las nuevas leyes que impiden a los haitianos utilizar el transporte público, independientemente de su estatus legal”, señaló.
Además, otros viajeros foráneos manifestaron sentirse coaccionados por las acciones gubernamentales y por ciertas declaraciones difundidas en redes sociales. Según estas, un supuesto líder del gremio de conductores anunció que, a partir del lunes, se prohibirá el acceso de haitianos a las unidades de transporte, sin tener en cuenta su situación legal.
Un vendedor de comida rápida, que prefirió no dar su nombre y que trabaja cerca de la mencionada parada de autobuses, indicó: “Muchos se están yendo, yo diría que son miles. Llevan varios días en esto porque temen un conflicto bélico y optan por regresar a su país natal”.
Este patrón migratorio se refleja también en la provincia de Dajabón, que funge como uno de los principales pasos fronterizos hacia Haití. Desde hace varios días, ciudadanos haitianos han estado retornando a su país.
Entre las medidas implementadas por el gobierno dominicano se encuentran el cierre indefinido de la frontera y la suspensión de actividades comerciales y migratorias entre ambas naciones. Estas acciones buscan presionar al gobierno haitiano para que detenga la construcción del controvertido canal de riego, que según entienden las autoridades dominicanas, viola el tratado binacional firmado en 1929 relativo al uso de los recursos hídricos transfronterizos.
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