Ministro de Defensa promete cero tolerancia al tráfico de haitianos

25/10/2024

YOSPER, Santo Domingo – El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, declaró este jueves que habrá "cero tolerancia" contra quienes estén involucrados en el tráfico de inmigrantes haitianos, sin importar si se trata de militares o civiles. En su llegada a la Catedral Primada de América, durante la celebración del aniversario del Banco de Reservas (Banreservas), Fernández Onofre afirmó: "El lema es cero tolerancia, no importa quién sea. Todo el que esté involucrado será sancionado según lo dicte la ley. Someteremos a todo aquel que encontremos cometiendo actos ilícitos".

Por su parte, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional, apoyó esta posición, subrayando que las personas involucradas en el tráfico de inmigrantes deben enfrentar las consecuencias legales de sus actos, en favor de la seguridad ciudadana y el control migratorio.

El pasado octubre, soldados del Ejército detuvieron a un presunto raso que transportaba a tres inmigrantes haitianos sin documentos en un vehículo, cerca de la sede de la cuarta Brigada de Infantería del Ejército, en Mao, Valverde. Los detenidos fueron encontrados durante un control de rutina y se confirmó su estatus migratorio irregular.

Además, el martes pasado, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para combatir el tráfico ilegal de extranjeros en la República Dominicana, el cual establece sanciones más severas. Esta nueva legislación, que modifica la Ley 137-03, fue enviada por el Senado de la República con pequeñas modificaciones y busca tipificar de manera más estricta el delito y asegurar sanciones contundentes para quienes lo cometan.

Entre las disposiciones de esta ley, se destaca que el consentimiento de la víctima no será considerado causa de exoneración de responsabilidad penal en los casos de explotación. Además, se establecen excepciones cuando los afectados son menores de edad o personas con discapacidad, de manera que se reduzcan los requisitos para ser protegidos ante la justicia.

El artículo 7 de esta ley señala que los casos se agravan cuando la víctima sufre muerte o daños físicos o psíquicos, y también cuando los infractores ocupan funciones gubernamentales, descentralizadas, o son miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Además, la ley establece penas de cinco años de prisión como mínimo, y multas de entre 175 y 300 salarios mínimos del sector público para quienes alteren, produzcan o falsifiquen documentos de identidad.

Asimismo, las personas que afecten a menores de edad, personas con discapacidad o en estado de vulnerabilidad podrían enfrentar penas de entre 20 y 30 años de prisión, además de multas de 200 a 400 salarios mínimos.

Subir