Yosper, Santo Domingo.Con tono firme y sin rodeos, el presidente Luis Abinader reafirmó este lunes que en su gestión “no hay espacio para la impunidad”, en respuesta a los más recientes señalamientos que sacuden al oficialismo.
Durante su intervención en La Semanal, el mandatario aseguró que ningún funcionario, sin importar su afiliación política, será protegido si viola la ley, y que las instituciones del Estado están en libertad plena de actuar sin interferencias del Poder Ejecutivo.
“Las cosas ya no se esconden”, dijo con énfasis, en medio de crecientes exigencias ciudadanas por mayor transparencia y justicia.
Estas declaraciones coinciden con la reciente revelación de un expediente judicial en Estados Unidos, que implica directamente a un miembro electo del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Se trata de Edickson Herrera Silvestre, regidor del Distrito Nacional, quien ha sido acusado formalmente por una corte federal del sur de Florida por su presunta participación en una red internacional de tráfico de cocaína.
El documento judicial, presentado el 5 de marzo de 2025, detalla que Herrera Silvestre, alias “el Regidor”, habría conspirado junto a José Eduviges Aponte Torres (conocido como “Buby” o “Meano”) y William Durán Jerez (alias “El General”) para distribuir, importar y traficar más de cinco kilogramos de cocaína hacia territorio estadounidense.
Los tres enfrentan cargos por conspiración y tráfico de sustancias controladas, conforme a leyes federales de los Estados Unidos. Aunque no se ha especificado la nacionalidad de los cómplices, el caso ha encendido las alarmas en el entorno político dominicano.
Desde el Gobierno, la posición es clara. Abinader reiteró que no se permitirá el encubrimiento de ningún delito y que la justicia, tanto nacional como internacional, debe actuar con independencia total.
Subrayó que, bajo su administración, “el Ministerio Público cuenta con las herramientas necesarias para hacer su trabajo sin presiones”, resaltando que este tipo de procesos marcan la diferencia entre el presente y las prácticas del pasado.
El caso de Edickson Herrera Silvestre representa una prueba directa al discurso oficialista sobre integridad institucional, y desde ya genera fuertes expectativas sobre los pasos que tomará el PRM y los organismos correspondientes en las próximas horas.
