Yeni Berenice Reynoso se pronuncia en contra de la inclusión del Inacif en un futuro ministerio de justicia
YOSPER, SANTO DOMINGO.- La directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, expresó su respaldo a la propuesta de crear un Ministerio de Justicia, pero enfatizó la importancia de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) continúe operando bajo la jurisdicción del Ministerio Público.
Estos puntos de vista se dieron a conocer a través de un comunicado emitido por la Cámara de Diputados este miércoles, el cual informa sobre la reunión de la magistrada con la Comisión Permanente de Justicia de dicho órgano legislativo.
En la mencionada reunión, la magistrada Reynoso revisó varios proyectos de ley en consideración por la Comisión, los cuales tienen como objetivo fortalecer la lucha contra la corrupción y el combate al crimen organizado.
La magistrada destacó la relevancia de la propuesta de establecer el Ministerio de Justicia, impulsada por el Poder Ejecutivo, y señaló que dicho proyecto aborda aspectos fundamentales de las funciones que ha desempeñado el Ministerio Público durante décadas.
Sin embargo, dejó claro que la Procuraduría no está a favor de que el Inacif sea transferido al Ministerio de Justicia. En sus palabras:
"Yo quisiera que entendiéramos qué significa y qué implica el Inacif, una institución que no ha tenido un desempeño que haya tenido cuestionamientos, de hecho las defensas, cuando solicitan contraperitaje quieren que por lo general lo realicen los propios peritos del Inacif".
Reynoso subrayó que el Inacif desempeña un papel central en la realización de investigaciones forenses, incluyendo el análisis de drogas incautadas, estudios balísticos, autopsias, certificaciones de casos de violaciones sexuales, así como la evaluación de heridas y falsificaciones. También mencionó que las conclusiones del Inacif son determinantes en casos como la determinación de suicidios u homicidios.
La magistrada enfatizó su preocupación de que trasladar las investigaciones forenses al ámbito del Ministerio de Justicia, un ente político, no sería aconsejable en estos momentos.
Por otro lado, debido al aumento de los casos de fraude inmobiliario, los diputados y la magistrada Reynoso plantearon la necesidad de modificar la Ley 58-69, que penaliza a quienes ingresen sin permiso en propiedades inmobiliarias urbanas o rurales con prisión correccional y multas.
En este contexto, Reynoso instó a que se proporcionen herramientas jurídicas para proteger el derecho de propiedad y reducir los delitos inmobiliarios y desalojos forzosos. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jimenez, expresó la disposición de los diputados a trabajar en colaboración con la Procuraduría General de la República.