YOSPER, DISTRITO NACIONAL.- La totalidad de los 8,372,748.05 dólares (equivalentes a 485,619,386.90 pesos dominicanos) depositados en transferencias financieras por las víctimas del fraude inmobiliario en la Operación Nido ha desaparecido, según informó el Ministerio Público. Este montante se suma únicamente a las transferencias electrónicas, sin tener en cuenta las contribuciones en efectivo, tanto en dólares como en pesos, realizadas directamente por los afectados.
A pesar de que los imputados recibieron estos fondos, ninguna de las 174 víctimas identificadas ha recibido las unidades de apartamentos que adquirieron, y el 90% de los proyectos prometidos no ha sido construido. El Ministerio Público detalla que todos los fondos depositados por las víctimas en las cuentas de los acusados y sus empresas fueron dilapidados, y en la actualidad, no existen fondos en esas cuentas.
Según la fiscalía, más de 300 personas fueron estafadas por Emmanuel Rivera Ledesma y sus cómplices, con pérdidas que superan los 700 millones de pesos.
El expediente revela que los recursos fueron depositados a nombre de Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, hijo de Rivera Ledesma, y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, representantes de la compañía CRD Equipos Pesados. Esta maniobra financiera fue dirigida por el líder de la red, Rivera Ledesma, junto a Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López.
Los fondos fueron canalizados a través de transferencias de depósitos en cuentas registradas en el Banco Popular Dominicano y el Banco BHD-León, a pesar de que el contrato de compra y venta se realizó con la compañía IndisArq S.R.L., una constructora sin registros financieros.
En el allanamiento realizado el 3 de enero de 2024 en la residencia de Emmanuel Rivera Ledesma y otros implicados, se incautaron dispositivos electrónicos, joyas, sellos gomígrafos, así como documentos financieros, certificaciones de registro y contratos relacionados con las actividades comerciales fraudulentas de las empresas utilizadas en el entramado delictivo.