YOSPER, SANTO DOMINGO.-La reciente decisión del alto tribunal dominicano ha generado un intenso debate en el ámbito de la propiedad intelectual en el país. La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (EGEDA DOMINICANA) ha alzado la voz ante lo que considera una grave amenaza a los derechos de los creadores, derivada de dos sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia.
Estas sentencias, según EGEDA DOMINICANA, contravienen principios fundamentales establecidos en la Ley 65-00 sobre derechos de autor, afectando directamente a los productores audiovisuales. En particular, la preocupación se centra en la interpretación errónea de la relación entre los productores y los usuarios de obras audiovisuales.
La decisión de la Suprema Corte establece que los derechos de los productores de una obra audiovisual transmitida al público a través de un acto de retransmisión son asumidos por los usuarios, y no por los propios productores, a menos que exista evidencia explícita que lo demuestre. Esta interpretación, calificada como absurda por la entidad, contradice claramente el principio de independencia de las diferentes formas de utilización de una obra, tal como lo establece el artículo 80 de la ley de derecho de autor.
Nelson Jiménez Cabrera, director gerente de EGEDA DOMINICANA, expresó su preocupación ante estas sentencias, señalando el impacto negativo que podrían tener en la industria audiovisual y cultural del país. Jiménez instó a un mayor respeto por la Ley 65-00 y a una aplicación más justa de sus disposiciones, con el objetivo de proteger los derechos de los productores audiovisuales y garantizar una compensación justa por su trabajo.
La denuncia de EGEDA DOMINICANA no se limita únicamente a la esfera judicial, sino que también incluye acciones contra empresas que han incumplido con las disposiciones de la ley. Entre estas empresas se encuentran hoteles, centros de salud, empresas de transporte y comercios de alimentos y bebidas. Aunque algunas de estas empresas han reconocido y pagado los derechos correspondientes, los fallos judiciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia amenazan con desacreditar los esfuerzos de las entidades de gestión colectiva en la protección de los derechos de autor y en la promoción de una industria cultural próspera en la República Dominicana.
