José Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, obtiene libertad bajo nueva medida de coerción

José Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, obtiene libertad bajo nueva medida de coerción

YOSPER, SANTO DOMINGO.- La jueza Ana Lee Florimón, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ha modificado la medida de coerción impuesta a José Ramón Peralta, ex ministro Administrativo de la Presidencia y uno de los imputados en el caso Calamar. La nueva medida consiste en una garantía económica de 4.5 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó esta decisión al considerar que Peralta ha proporcionado pruebas suficientes de arraigo que garantizan su presencia durante el proceso legal. Sin embargo, enfatizó que esta variación de la medida de coerción no implica que el imputado haya sido absuelto o liberado del proceso ni que se haya detenido la investigación. El caso continuará hasta que se determine su culpabilidad o inocencia en un juicio.

En sus motivaciones, la jueza hizo referencia a los artículos 227 y 229 del Código Procesal Penal y a la resolución N°. 1731 de la Suprema Corte de Justicia, que permiten la aplicación de diferentes medidas de coerción según las circunstancias del caso.

El caso Calamar involucra acusaciones de corrupción administrativa y también se sigue contra el ex ministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz, a quien se le imputa liderar una red desmantelada con la Operación Calamar. Esta red habría utilizado al menos 11 instituciones gubernamentales para realizar expropiaciones irregulares de terrenos, cobrar ilegalmente a bancas de lotería y deportivas, y comprar propiedades a precios inflados.

Entre los imputados en el caso se encuentran también el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, el abogado Ángel Lockward, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, y varios funcionarios y empresarios más.

El proceso judicial ha revelado la presunta participación de estas personas en el manejo y pago de deudas públicas por expropiaciones irregulares de terrenos desde varias instituciones gubernamentales, lo que ha generado un importante escándalo de corrupción en el país.

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