Aumenta el Número de Querellantes en la Estafa de Venta de Inmuebles: 30 Nuevas Víctimas en la Operación Nido
YOSPER, DISTRITO NACIONAL.- Un grupo adicional de al menos 30 personas formalizó el pasado sábado sus denuncias contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis acusados, quienes presuntamente están involucrados en la venta fraudulenta de bienes inmuebles. La audiencia para la determinación de medidas coercitivas, originalmente programada para ese día, fue pospuesta y ahora se llevará a cabo el próximo martes a las 9:00 de la mañana.
El procurador Andrés Mena señaló que este nuevo plazo permitirá a los abogados revisar la documentación, y brindará la oportunidad de notificar a las defensas técnicas sobre los nuevos querellantes. El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, presidió la audiencia contra los acusados y anunció que la decisión sobre las medidas se tomará en la nueva fecha programada, según indicó uno de los abogados de los demandantes.
Al salir de la audiencia, el abogado Eli Sepulveda, representante de varias víctimas, expresó su inconformidad por la no prisión de Escarlet Mercedes Cruz, una de las imputadas, argumentando que está en período de lactancia. Señaló que una de sus clientes estaba lactando al enterarse de la estafa y considera que esta razón no justifica la ausencia de prisión preventiva. Destacó la gravedad del caso y espera que todos los involucrados reciban esta medida.
El Ministerio Público estima que la estafa perpetrada por la red desmantelada mediante la Operación Nido alcanza la suma de más de 700 millones de pesos. Según la solicitud de medidas coercitivas, los miembros de la estructura captaron en entidades financieras un total de 485,619,386.90 pesos, señalando además que muchos clientes realizaban pagos en efectivo.
En relación con este caso, el abogado Jean Cristófel Pérez advirtió sobre la existencia de otras constructoras en la República Dominicana que también engañan a personas que buscan adquirir viviendas. Alertó sobre la similitud en el modus operandi de estas empresas al aprovechar la "fragilidad" del sistema judicial penal dominicano, donde el delito de estafa conlleva apenas dos años de prisión.
