Seudo Doctora Ignora Cierre de Consultorio y Reanuda Atención en Otra Clínica
Yosper, Santo Domingo.- A pesar de que el Ministerio de Salud Pública dispuso el cierre del consultorio Ki Centro Médico Integral del Caribe, luego de una investigación de N Investiga que reveló que la propietaria, Karla María Moya Boada, ofrecía servicios médicos estéticos de manera irregular, dos meses después la autodenominada doctora se encuentra atendiendo pacientes en otro centro médico.
La nueva investigación presentada este sábado muestra pruebas de que Moya Boada, de nacionalidad venezolana, opera un consultorio en el Centro de Medicina Reproductiva Integral y de Atención a la Femenina (CEMERAF), donde retoma la realización de cirugías estéticas.
“La doctora está ocupada…ella está trabajando aquí pero tendrías que venir a la evaluación”, fue la respuesta de la recepcionista al llamar para obtener una cita con la supuesta doctora, cuya voz se pudo escuchar de fondo.
Karla María Moya Boada hace que sus pacientes firmen un documento antes de los procedimientos, que parece ser más un intento de convencer a los interesados que los procedimientos son simples, cuando en realidad no lo son.
El abogado Eduard Veras Vargas comentó que el documento revelado por la periodista Nuria Piera parece estar diseñado para vender a los clientes en lugar de informar a los pacientes.
Por otro lado, el doctor Sergio Guzmán, presidente de la sociedad dominicana de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos, afirmó que este documento permite que la supuesta doctora se desvincule de cualquier responsabilidad por los procedimientos.
Con respecto a que la mencionada doctora esté trabajando en CEMERAF, Guzmán indicó que "lamentablemente, en el campo de la medicina, como en la vida, hay personas que se prestan a todo tipo de acciones y esa médico o esa clínica, a sabiendas de quién están empleando, la están indirectamente habilitando".
Cemeraf y su historial
Este centro y su propietaria no son ajenos a irregularidades, ya que la doctora Libni Valenzuela es una de las 27 acusadas en el Caso “Pulpo”.
El expediente revela que “una de las operaciones de lavado de activos relacionadas con el sector salud realizada por el acusado Juan Alexis Medina, fue realizada por intermedio de la acusada Libni Arodi Valenzuela Matos, a favor de quien Alexis Medina giraba cheques como inversión en CEMERAF, que se ha podido establecer como ilícitas, propia del lavado de activos, ya que se realizaron inversiones por un total de 26 millones 861 mil 148 pesos, siendo Alexis Medina un socio oculto para evitar el rastreo del dinero ya que no se reportaron transacciones comerciales entre las empresas del entramado societario y CEMERAF que justifiquen esos pagos, tal y como consta en el informe del INACIF”.
Más aún, los cheques estaban dirigidos a aportes, inversiones y compras de equipos para CEMERAF, una sociedad comercial legalmente constituida, en la cual no figura Alexis Medina como socio, accionista o miembro del consejo de administración, sino que aparece la acusada Libni Valenzuela.
En noviembre de 2021, el Ministerio Público secuestró los equipos médicos y dispositivos de CEMERAF, pero en enero de 2022, medios locales reseñaron la reinauguración del centro.
Este miércoles, los jueces otorgaron un plazo de 48 horas para que la propietaria de la clínica apodere a un abogado para representar a su empresa.
Al acudir a Salud Pública, el equipo de N Investiga confirmó que CEMERAF opera sin licencia y apenas había solicitado una no objeción a planos en 2021, que aún no ha sido retirada.
El miércoles pasado, las autoridades ordenaron el cierre de CEMERAF, y quedó captado en cámaras la agresividad de la propietaria, Libni Valenzuela.
Las amenazas de Valenzuela incluyeron romper vidrios de un vehículo.
Las consecuencias de operar ilegalmente
El hecho de que Karla María Moya continúe ejerciendo puede tener graves consecuencias legales, tanto para ella como para CEMERAF y su propietaria, la doctora Libni Valenzuela Matos.
El abogado Eduard Veras Vargas explicó que si los directores del centro médico permiten que una persona no médica preste servicios médicos, estarían incurriendo en complicidad con el delito de ejercicio ilegal de la medicina, con una pena que va desde seis
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